Las y los abajo firmantes queremos expresar nuestra profunda preocupación y rechazo al proyecto de ley de creación de un instituto externo de evaluación impulsado por el Jefe de Gobierno Mauricio Macri.

La educación de calidad en una sociedad democrática consiste en asegurar que todos los estudiantes tengan oportunidades de aprender y construir una posición intelectual autónoma como resultado de su paso por la escuela. La posibilidad de desarrollar estrategias para el logro de este propósito no puede ser evaluada a través de un ente externo de control y distribución de premios y castigos, sino que requiere que cada institución -con la orientación del planeamiento global- diseñe los instrumentos adecuados para conocer con rigor los alcances de su accionar y pueda producir las reformulaciones necesarias.
La propuesta de Macri y Bullrich  de creación de un Instituto autárquico de evaluación externa constituye una iniciativa contraria a la construcción democrática de políticas de Estado en materia de educación, entre ellas, las de evaluación. Este ente, mediante la contratación de consultoras, ONG y fundaciones, privatiza de forma velada la evaluación educativa y renuncia a construir los datos estadísticos desde el propio Ministerio de Educación.
Debemos entender a la evaluación como parte del proceso educativo y no como una intervención externa al mismo.
El proyecto presentado por el ejecutivo en la Legislatura desvirtúa los fundamentos pedagógicos de los procesos de evaluación, convirtiéndolos en argumentos efectistas de campañas publicitarias, mientras evade la obligación que tiene de desarrollar políticas públicas integrales que asuman los problemas de la enseñanza y de las condiciones de trabajo de los docentes.

POR UNA POLÍTICA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA:
Integral: Una evaluación que nos permita mirar las políticas educativas, el sistema, la institución escolar y las prácticas de enseñanza.
Participativa: Una evaluación que incluya  las visiones y voces de todos/as los implicados/as, como responsabilidad compartida por la educación como bien público y derecho social.
No punitiva: No tendrá como objeto determinar sanciones, ni establecer categorías salariales, ni afectar la estabilidad en el trabajo docente, ni vincularse con el  control de desempeño docente.
Contextualizada: La evaluación debe desarrollarse en el marco de respeto al Estatuto del Docente y no deberá vincularse a estándares ajenos a los contextos en que se desarrolla.
Formativa: Contemplara  los procesos de reflexión colectiva sobre el estado de la educación y los caminos para transformarla, asegurando el mejoramiento progresivo tanto de las políticas del sistema, como de los proyectos, el desarrollo institucional y las prácticas pedagógico-didácticas.